La Justicia riojana dicta la otra sentencia que obliga a devolver los gastos de la hipoteca

La primera cruzada fue contra las cláusulas suelo, un litigio que llegó hasta la Justicia europea que se posicionó claramente a favor de los clientes. Entonces declaró abusivo el punto de los contratos hipotecarios en el que se ponía límite a la bajada de los tipos de interés y, por tanto, por mucho que descendiera el euribor, como así ocurrió, los hipotecados no podían beneficiarse del descenso histórico del tipo de referencia de la mayoría de los créditos inmobiliarios.


A aquel primer varapalo para la banca se sumó el de los gastos hipotecarios. El Supremo abría en diciembre una nueva batalla al declarar nula la cláusula por la que se atribuían al consumidor todos los gastos derivados del préstamo. El alto tribunal consideró que son precisamente los bancos los principales interesados en que se formalice el contrato y por tanto ellos debían asumirlos.
Aquel fallo fue el pistoletazo de salida para muchos hipotecados que acudieron a la justicia para reclamar los gastos y ahora, medio año después, los juzgados riojanos han empezado a seguir las directrices del Supremo y a dictar las primeras sentencias que obligan a devolver el dinero abonado para la formalización del contrato. Una situación en la que, según los cálculos que efectúa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), podrían encontrarse más de 40.000 riojanos y unos 6 millones de personas en todo el país.
El Juzgado de primera instancia número 3 de Logroño ha dictado la primera sentencia con cuño riojano y en ella, la juez declara nulas tanto la cláusula suelo como la de gastos hipotecarios y ordena al Banco Santander, entidad demandada, a devolver a unos clientes las cantidades cobradas de más en las cuotas del préstamo por la mencionada cláusula suelo, y 1.295,20 euros por los gastos de notario (457,76 euros), aranceles de los registradores (127,27 euros), gestoría (474,32) y tasación (235,85 euros).
Si bien la juez reconoce prácticamente todas las pretensiones de los demandantes, no ocurre lo mismo con el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. La pareja solicitó que la entidad financiera les devolviera también los 1.219,44 euros que tuvieron que desembolsar por este tributo, pero el juzgado considera, según detalla la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, que la declaración de nulidad de la cláusula de los gastos no implica lo abonado por este concepto porque «el pago se ha realizado por aquel a quien corresponde según la normativa aplicable al impuesto».
Desde el despacho de abogados se muestra su satisfacción por el fallo judicial porque da la razón en casi todos los aspectos a los demandantes. No obstante, estudian recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial de Logroño para que se reconozca que, en este caso, el Banco Santander también debe devolver a sus clientes lo que pagaron en impuestos.
En esta primera sentencia, que se suma a las que ya han dictado en juzgados de primera instancia de Granollers (Barcelona) y Oviedo y las audiencias provinciales de Zaragoza y Pontevedra, la juez es contundente al sostener que la cláusula por la que se rigen los gastos notariales y registrales «genera un desequilibrio importante en las obligaciones de las partes en favor del predisponiente», es decir, del banco.
La magistrada va más allá y asegura que la empresa de gestión o asesoría fue impuesta por la entidad bancaria a sus clientes. «No consta que se negociara con el consumidor la posibilidad de uso de dicha gestoría, sin que el consumidor haya podido elegir por sí mismo la gestoría que le interesara o verificar dichas actuaciones por sí mismo», apunta el fallo. De ahí que se imponen los gastos a quienes recibieron el préstamos causando, por tanto, «un claro desequilibrio en la posición de las partes y debiendo declararse su abusividad».
Reconoce además que los costes y gestiones han sido verificados por empresas elegidas por el prestamista en su beneficio y, por tanto, es este quien debe soportar los gastos. Entiende que la cláusula es «abusiva» porque «dispensa al consumidor un trato que no quería para sí, con claro desequilibrio en las prestaciones de las partes, sin dar opción al consumidor sobre la asunción de dicho gasto y sin negociación alguna».
En la práctica, para reclamar las cantidades a los bancos interesados debe primero presentar una reclamación ante el servicio al cliente de la entidad con la que suscribió el préstamo y si obtiene respuesta negativa será necesario que acuda a la vía judicial.
A modo de ilustración, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que en una hipoteca de 150.000 euros los gastos de constitución del préstamo ante el notario pueden ser unos 425 euros, la inscripción en el registro unos 122 euros y el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados asciende a 2.550 euros. Por tanto, de media, los bancos deberán reintegrar unos 3.100 euros.

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